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Cada vez que se discute una reforma a la judicatura, la conversación pública tiende a plantearse como un asunto de los jueces: sus nombramientos, sus períodos, sus garantías. Es una lectura incompleta. La independencia judicial no existe para proteger a quien juzga, sino para proteger a quien es juzgado.
Un juez independiente es, ante todo, la promesa de que el ciudadano será oído por alguien que no responde a presiones —ni del poder, ni del dinero, ni del clamor del momento. Cuando esa promesa se debilita, no pierde el juez: perdemos todos.
Lo que está realmente en juego
El debate sobre las reformas recientes ha girado en torno a los mecanismos: quién nombra, cómo se remueve, con qué plazos. Son preguntas legítimas. Pero detrás de cada mecanismo hay un principio que no puede negociarse a la ligera.
- La estabilidad en el cargo no es un blindaje corporativo: es la condición para decidir sin miedo.
- La carrera judicial por mérito es la única forma de que el ascenso dependa del oficio y no de la lealtad.
- La transparencia en los nombramientos protege tanto al ciudadano como al propio juzgador.
Una judicatura que teme perder el puesto por resolver conforme a derecho ya dejó de ser independiente, aunque la ley diga lo contrario.
El papel del gremio
A los profesionales del derecho nos corresponde algo más que observar. Somos quienes litigamos ante esos tribunales, quienes formamos a las nuevas generaciones y quienes tenemos el lenguaje técnico para explicarle a la sociedad por qué esto importa. Guardar silencio, en este terreno, también es tomar posición.
Defender la independencia judicial no es defender a un juez en particular ni a una resolución que nos convenga. Es defender la idea, más antigua que cualquier gobierno, de que ante la ley todos podemos esperar el mismo trato. Esa idea no se decreta en un artículo transitorio: se sostiene, todos los días, con instituciones y con gremios que la toman en serio.